La libertad de expresión tras las rejas

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Pedro X.Valverde Rivera

La prisión de dos jóvenes guayaquileños, acusados de separatismo por colgar carteles declarando al presidente Correa persona no grata para Guayaquil, evidencia una vez más la inconveniente influencia que aparentemente tiene el Gobierno sobre todos los poderes del Estado.

A lo largo de la historia, las represiones desde el poder oficial han tenido diversos disfraces: sedición, difamación, separatismo, narcotráfico, atentado a la seguridad, son algunos tipos penales escogidos por quienes pretenden callar las voces críticas, pero no tienen la hombría de reconocerlo y se escudan en disposiciones legales manipuladas con la complicidad de los que venden su conciencia y honor.

Hitler, Mussolini, Stroessner, Tito, Stalin, Pinochet, Videla, Franco, Noriega, Fidel Castro, Hugo Chávez y muchos otros, desde el poder, se han preocupado, en la mayoría de los casos, de darle un baño de espuria legalidad a sus atropellos.

Aún me cuesta creer que Rafael Correa haya ordenado estas ilegales detenciones por el “delito” de expresar opiniones contrarias; solo el tiempo y el juicio de la historia despejarán esta incógnita.

Queremos desde esta columna rechazar la ilegal e inconstitucional detención de Geancarlo Zunino y Rafael Pilco (acusados de ser una suerte de Etarras porteños) y exigir su pronta liberación.

A criterio de ellos, Correa debe ser declarado persona NO grata para Guayaquil. Tienen el derecho de opinar así, gústele o no a los acólitos del régimen.

Porque si la acusación tuviese algo de sustento, los manifestantes del pasado miércoles deberían ya estar encausados penalmente por el mismo delito, puesto que portaron carteles y camisetas con la misma leyenda y consignas.

Con esa misma visión, debiera iniciarse de inmediato una causa penal contra el ex prefecto de Pichincha, hoy Director General del IESS, quien hace algunos años hizo similar proclama contra el entonces presidente de la República, Gustavo Noboa.

El 9 de marzo de 1964, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos expidió una sentencia fundamental para el sistema interamericano de derechos humanos y específicamente para la libertad de expresión, dentro del caso Sullivan vs. New York Times.

A propósito de lo que vivimos en el Ecuador y, específicamente, de lo que motiva el presente artículo de opinión, considero oportuno transcribir un párrafo de dicha sentencia en palabras de los jueces Black y Douglas:

“Si la responsabilidad puede estar sujeta a la crítica política porque daña la reputación de un funcionario público en tanto funcionario público, luego ningún ciudadano crítico puede de manera segura pronunciar sino tenues alabanzas sobre el gobierno o sus funcionarios. La crítica vigorosa por la prensa y los ciudadanos de la conducta del gobierno de turno por los funcionarios de turno será rápidamente silenciada si los funcionarios en control de las agencias gubernamentales, en lugar de responder a las críticas, pueden recurrir a amigables jurados para evitar la crítica de su conducta oficial. La conclusión de que la Constitución otorga al ciudadano y a la prensa un privilegio absoluto para criticar la conducta oficial no deja al funcionario público sin defensas contra opiniones infundadas o deliberadas manifestaciones erróneas.

“Bajo nuestro sistema de gobierno, contraargumento y educación son las armas disponibles para exponer esos asuntos, no recortar… la libertad de expresión…”.

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Comments
2 Responses to “La libertad de expresión tras las rejas”
  1. pytuka says:

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    Censura previa

    No había razón técnica como para prohibir el sobrevuelo de naves privadas sobre Guayaquil el jueves.

    Por Fernando Larenas

    La Dirección de Aviación Civil (DAC) de Guayaquil prohibió el sobrevuelo de helicópteros privados durante la multitudinaria manifestación organizada por el Alcalde de esa ciudad. ¿Coincidencia o medida deliberada decidida desde lo más alto del poder político?

    Las condiciones meteorológicas durante la jornada que convocó a alrededor de 300 000 personas, según los organizadores de la marcha, eran óptimas para la aeronavegación, por lo tanto el riesgo de un accidente era mínimo.

    Ah, pero las condiciones climáticas para los helicópteros militares y policiales eran buenas, es decir, buen sol y buen viento para unos y nubes para otros. Sobre los cielos de Nueva York vuelan simultáneamente más de 50 helicópteros y sobre Sao Paulo el doble.

    Si la preocupación de la autoridad por un eventual accidente fuera tal, hubiese sido bueno también que impida el vuelo de los helicópteros Dhruv, fabricados en la India, durante la celebración de los 89 años de la Fuerza Aérea, el 27 de octubre pasado.

    Las naves volaban en correcta formación y por fallas humanas según la explicación oficial, uno de los aparatos se salió de control y se precipitó aparatosamente sobre la pista del aeropuerto Mariscal Sucre de Quito.

    Por lo tanto, no había ninguna razón técnica como para prohibir el sobrevuelo de naves privadas sobre Guayaquil el jueves de la semana pasada. ¿Acaso los helicópteros no tienen un sistema de comunicación mediante el cual pueden trazar las coordenadas, no juntarse y evitar choques?

    ¿O creía la autoridad que las naves se dedicarían a efectuar maniobras acrobáticas? La decisión de prohibir los vuelos es absolutamente absurda, similar a la de un político apodado con el nombre de la corteza del árbol de alcornoque, que amenazó con un juicio a la ministra Viteri si es que se decide a aumentar las rentas para Guayaquil.

    La causa que más se aproxima a la realidad tiene una explicación: fue política y sería bueno que nos cuenten la plena verdad, que nos digan quién dio la orden.

    ¿Qué cree la autoridad aeronáutica, que todos somos bobos, sin un mínimo de inteligencia, como para no darnos cuenta que se pretendió esconder la magnitud de la convocatoria del Alcalde guayaquileño?

    Simplemente se trata del primer acto o del ensayo de un esquema de censura previa a los medios de comunicación, a la libertad para cubrir y registrar una manifestación de masas que desde el aire se hubiese visto en toda su extensión.

    Si es que se aprueba la tan cacareada Ley de Comunicación, tal como fue concebida desde el poder político, esta desautorización para que un helicóptero contratado por un canal de televisión independiente pueda transmitir no será más que un chiste comparado con otras censuras que pudieran presentarse.

  2. pytuka says:

    Editorial
    El Comercio

    Control a los medios privados

    El oficialismo vuelve a la carga. La libertad de expresión, que pertenece a todos los ciudadanos y no solo a los medios, está en riesgo.

    Se trata de vigilar a los medios privados y sus contenidos por la vía del Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Comunicación. Las palabras claves: control y sanción.

    Son maneras de coartar el ejercicio de una prensa libre, abierta, plural e independiente, otros tantos valores de la democracia contemporánea.

    El Presidente propone el cambio del art. 88 de la Ley de Participación Ciudadana, para que personas o grupos pidan cuentas a instituciones públicas y privadas que presten servicios al público. De este modo, los medios conformados por iniciativa privada tendrían que someterse al escrutinio de un organismo politizado.

    Por supuesto que los medios privados deben cumplir con las leyes; para su conformación se constituyen en empresas aprobadas según el marco jurídico, están al día en sus obligaciones laborales, dinamizan la economía y pagan los impuestos.

    En cuanto a su responsabilidad periodística y credibilidad, se someten cotidianamente al escrutinio público que se expresa en los niveles de sintonía y de circulación. Y si hay excesos frente a los derechos de terceros, el afectado puede hacer uso de la norma legal vigente para este caso.

    Pero los actores políticos en el poder quieren imponer su ideología por encima de los tratados internacionales. Una vez que se reanudaron las tareas legislativas, Betty Carrillo anunció que pedirá la inclusión de representantes del Ejecutivo en el Consejo de Comunicación.

    Es inaceptable. El poder político controlando a los medios y ejerciendo facultades sancionadoras no es propio de una democracia abierta. La nueva embestida de Carrillo burla el acuerdo legislativo que buscó un consenso y la palabra empeñada del Presidente de la Asamblea Nacional.

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  • Hasta pronto

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    Te esperamos siempre

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